Pronunciamiento o intervención
(Editorial de diciembre de Avant, órgano del Partit dels Comunistes de Catalunya, PCC)
Cerramos esta edición del Avant poco después de la celebración de la IXª Asamblea Federal de Izquierda Unida. Seguimos por lo tanto pendientes de la elección del nuevo coordinador o coordinadora de la formación y de la configuración definitiva de la nueva dirección. Sin embargo, no queremos renunciar a realizar una primera valoración sobre los resultados políticos de la Asamblea ni a apuntar algunas consideraciones en relación al proceso de "refundación" que se acaba de iniciar.
No es cierto que nos encontremos en el mismo punto que antes. A pesar de la persistencia de algunas posiciones ancladas todavía en dinámicas del pasado, hay algunos elementos que se han impuesto con fuerza y con amplio consenso en el debate asambleario. En primer lugar, la apuesta por el carácter unitario de IU y por fomentar la abertura hacia sectores progresistas ideológicamente diversos. En segundo lugar, la constatación de la necesidad de recuperar la actividad mobilizadora y de vincularla a la actividad institucional. Y, finalmente, la recuperación de un vínculo estrecho y orgánico con el mundo del Trabajo.
Pero hay un aspecto sobre el cual resulta complicado establecer un consenso explícito y que tiene que ver con dos formas distintas de concebir la acción política. Por una parte tenemos la que podríamos denominar "política de pronunciamientos", que sitúa en primer término y de forma un tanto abstracta, la coherencia entre las tomas de posición y el propio ideario. Desde este punto de vista se acostumbra a considerar que los debates se pueden ganar simplemente por el hecho de contar con los argumentos más justos. O todavía más ingenuamente que a más inflexibilidad en los propios planteamientos, mejores resultados. Esta práctica política resulta poco dialéctica y acostumbra a dificultar, entre otras cosas, la participación en gobiernos de carácter plural, a raíz de las fuertes contradicciones que se pueden generar en ellos.
Alternativamente, hay una concepción de la política que pone en el centro los resultados y las consecuencias que comporta cada decisión tomada, cada acción realizada, cada voto emitido. Desde este planteamiento, tiene poco sentido adoptar posturas en términos abstractos y lo que hace falta es tomar en consideración siempre cuáles son las condiciones en que se tiene que producir la toma de decisiones. ¿Cuál es la correlación de fuerzas? ¿Cuál ha sido el grado de participación y movilización popular en relación a lo que se debate? ¿Y, sobre todo, qué decisión representa, globalmente, un avance mayor para los intereses de los trabajadores y las trabajadoras?
Esta "política de intervención" resulta obviamente más laboriosa, en tanto que exige siempre ir más allá de la crítica, con propuestas no sólo justas sino sobre todo viables y aplicables a corto, medio y largo plazo. Al mismo tiempo, parte de la convicción, no por cruda menos cierta, de que en la lucha política, los debates no los gana quien tiene más razón sino quien cuenta con más fuerzas. Y, por supuesto, esta práctica política es inseparable del reforzamiento de los mecanismos de trabajo y de debate colectivos, que son los que permiten que la percepción de las problemáticas no se produzca en base a rasgos generales sino que se convierta en especializada y fundamentada.
Lejos de querer caer en posturas posibilistas, cuando hablamos de "intervención" lo hacemos en relación a todas las esferas donde se ejerce el poder: la política, pero también la social, la económica o la cultural. En todas ellas hay que marcar objetivos y para cualquier decisión se las tiene que tomar a todas en consideración. Así, por ejemplo, si en relación a una cuestión no ha habido capacidad mobilizadora ni ningún tipo de presión social, puede resultar conveniente apoyar una reforma legislativa que suponga pequeños beneficios para los trabajadores y las trabajadoras. En cambio, si el grado de participación social ha sido elevado y se ha producido un incremento de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, posiblemente convenga tomar otra postura, para evitar la desmovilización y poder aspirar a objetivos más ambiciosos.
La política de intervención resultará sin dudas contradictoria y exigirá un esfuerzo creativo mayor. Pero es el único antídoto para eludir posturas maximalistas o parlamentaristas y dotar de significado aquello de ser "una fuerza útil para los trabajadores y las trabajadoras".
Editorial del Avant de diciembre de 2008
Cerramos esta edición del Avant poco después de la celebración de la IXª Asamblea Federal de Izquierda Unida. Seguimos por lo tanto pendientes de la elección del nuevo coordinador o coordinadora de la formación y de la configuración definitiva de la nueva dirección. Sin embargo, no queremos renunciar a realizar una primera valoración sobre los resultados políticos de la Asamblea ni a apuntar algunas consideraciones en relación al proceso de "refundación" que se acaba de iniciar.
No es cierto que nos encontremos en el mismo punto que antes. A pesar de la persistencia de algunas posiciones ancladas todavía en dinámicas del pasado, hay algunos elementos que se han impuesto con fuerza y con amplio consenso en el debate asambleario. En primer lugar, la apuesta por el carácter unitario de IU y por fomentar la abertura hacia sectores progresistas ideológicamente diversos. En segundo lugar, la constatación de la necesidad de recuperar la actividad mobilizadora y de vincularla a la actividad institucional. Y, finalmente, la recuperación de un vínculo estrecho y orgánico con el mundo del Trabajo.
Pero hay un aspecto sobre el cual resulta complicado establecer un consenso explícito y que tiene que ver con dos formas distintas de concebir la acción política. Por una parte tenemos la que podríamos denominar "política de pronunciamientos", que sitúa en primer término y de forma un tanto abstracta, la coherencia entre las tomas de posición y el propio ideario. Desde este punto de vista se acostumbra a considerar que los debates se pueden ganar simplemente por el hecho de contar con los argumentos más justos. O todavía más ingenuamente que a más inflexibilidad en los propios planteamientos, mejores resultados. Esta práctica política resulta poco dialéctica y acostumbra a dificultar, entre otras cosas, la participación en gobiernos de carácter plural, a raíz de las fuertes contradicciones que se pueden generar en ellos.
Alternativamente, hay una concepción de la política que pone en el centro los resultados y las consecuencias que comporta cada decisión tomada, cada acción realizada, cada voto emitido. Desde este planteamiento, tiene poco sentido adoptar posturas en términos abstractos y lo que hace falta es tomar en consideración siempre cuáles son las condiciones en que se tiene que producir la toma de decisiones. ¿Cuál es la correlación de fuerzas? ¿Cuál ha sido el grado de participación y movilización popular en relación a lo que se debate? ¿Y, sobre todo, qué decisión representa, globalmente, un avance mayor para los intereses de los trabajadores y las trabajadoras?
Esta "política de intervención" resulta obviamente más laboriosa, en tanto que exige siempre ir más allá de la crítica, con propuestas no sólo justas sino sobre todo viables y aplicables a corto, medio y largo plazo. Al mismo tiempo, parte de la convicción, no por cruda menos cierta, de que en la lucha política, los debates no los gana quien tiene más razón sino quien cuenta con más fuerzas. Y, por supuesto, esta práctica política es inseparable del reforzamiento de los mecanismos de trabajo y de debate colectivos, que son los que permiten que la percepción de las problemáticas no se produzca en base a rasgos generales sino que se convierta en especializada y fundamentada.
Lejos de querer caer en posturas posibilistas, cuando hablamos de "intervención" lo hacemos en relación a todas las esferas donde se ejerce el poder: la política, pero también la social, la económica o la cultural. En todas ellas hay que marcar objetivos y para cualquier decisión se las tiene que tomar a todas en consideración. Así, por ejemplo, si en relación a una cuestión no ha habido capacidad mobilizadora ni ningún tipo de presión social, puede resultar conveniente apoyar una reforma legislativa que suponga pequeños beneficios para los trabajadores y las trabajadoras. En cambio, si el grado de participación social ha sido elevado y se ha producido un incremento de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, posiblemente convenga tomar otra postura, para evitar la desmovilización y poder aspirar a objetivos más ambiciosos.
La política de intervención resultará sin dudas contradictoria y exigirá un esfuerzo creativo mayor. Pero es el único antídoto para eludir posturas maximalistas o parlamentaristas y dotar de significado aquello de ser "una fuerza útil para los trabajadores y las trabajadoras".
Editorial del Avant de diciembre de 2008
